Es necesario que todos los compañeros estemos atentos a lo que está pasando. El trasfondo de los movimientos actuales apunta a un lugar peligroso: el vaciamiento del área de Control de Transporte.
Los números hablan por sí solos:
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Arancel anual del taxi: $310.000.
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Costo diario por unidad: Poco más de $800.
Ese dinero que cada taxista aporta no es un “impuesto al trabajo”, es un arancel con un fin específico: financiar el control del transporte. Esa plata debe garantizar que las reglas se cumplan y que se combata la ilegalidad que nos quita el pan de cada día.
El peligro de la “excusa perfecta”
Si se avanza en quitar o desviar estos fondos, le estamos entregando en bandeja la excusa perfecta al municipio: “No hay plata, por lo tanto, no hay controles”.
Sin financiamiento, no hay inspectores, no hay operativos y la ciudad se convierte en zona liberada para las aplicaciones y el transporte ilegal.
No podemos permitir que desmantelen el área que debe protegernos. El arancel se paga para que el control funcione, no para que desaparezca.
¡El control no se negocia, se garantiza!
