En un debate que genera controversia, desentrañamos las implicancias de legalizar y no regular las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La diferencia no es menor y afecta a todos los actores del sistema de movilidad.
La diferencia entre legalizar y no Regular las apps de transporte
En la actualidad, el debate sobre las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify se ha vuelto una de las principales discusiones en las ciudades del mundo, incluyendo nuestra querida Córdoba. Uno de los conceptos que más confusión genera en este contexto es la diferencia entre “legalizar” estas aplicaciones y “no regularlas”. Aunque parezcan ideas similares, las implicancias de cada una son drásticamente diferentes.
Legalizar: un marco de aceptación bajo la ley
Cuando hablamos de legalizar, nos referimos al acto de otorgar un estatus jurídico a una actividad que previamente estaba prohibida o no contemplada en las normativas vigentes. En el caso de las apps de transporte, legalizarlas implicaría reconocerlas como una actividad permitida por el Estado. Esto requeriría crear o modificar leyes que establezcan las reglas del juego: requisitos para los conductores, condiciones de los vehículos, costos impositivos y mecanismos de control.
En otras palabras, legalizar significa que las plataformas operarían dentro de un marco legal formal, sujetas a regulaciones específicas que buscarían equilibrar la competencia con los sistemas de transporte tradicionales, como los taxis y remises, y garantizar la seguridad de los usuarios.
No regularlas: una zona gris peligrosa
Por otro lado, no regular las apps implica dejarlas operar sin un marco normativo claro. Esto puede generar una situación de incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios. Al no estar reguladas, las aplicaciones quedan en un limbo legal, lo que puede derivar en problemas como:
- Competencia desleal: Los taxistas y remiseros deben cumplir con una serie de exigencias legales (ITV, seguros, licencias, impuestos, entre otros) que representan un costo significativo. Si las apps no son reguladas, sus conductores pueden evadir estas obligaciones, creando un desequilibrio injusto.
- Falta de control: Sin regulaciones, no hay garantías claras sobre la seguridad de los pasajeros ni sobre las condiciones laborales de los conductores.
- Evasión impositiva: Las plataformas pueden operar sin contribuir de manera justa al sistema tributario local, afectando la economía de la ciudad.
- Ficha limpia: La falta de regulación permite que los vehículos operen sin demostrar un libre deuda de patentes, multas o verificaciones vehiculares al día. Esto crea una disparidad frente a los transportistas tradicionales que deben cumplir estrictamente con estos requisitos.
- Acumulación de multas: Sin un marco regulatorio, no hay mecanismos claros para garantizar que los vehículos sancionados paguen las multas acumuladas antes de volver a operar. Esto fomenta la impunidad y debilita los sistemas de control que buscan garantizar la seguridad y legalidad en el transporte.
El riesgo de la confusión
Es importante destacar que no regular las apps no es lo mismo que prohibirlas. En muchos casos, las plataformas continúan operando a pesar de estar prohibidas porque la falta de controles efectivos lo permite. Esto genera una paradoja: lo que no está regulado se transforma, en la práctica, en un sistema paralelo que funciona fuera de la ley.
Conclusión
El debate no debe centrarse solo en si las apps deben ser permitidas o no, sino en las condiciones en que lo serán. Legalizar no significa dar carta blanca; implica establecer un marco de normas que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del transporte. No regularlas, en cambio, perpetúa un estado de desigualdad, dejando desprotegidos a los usuarios, conductores y al sistema en su conjunto.
Córdoba necesita una discusión seria y honesta sobre cómo abordar este tema, con el objetivo de proteger a todos los ciudadanos y garantizar un sistema de transporte seguro, justo y sostenible.
