En otro intento por hacer pie en Buenos Aires, Uber había armado para este martes una charla en la Universidad del CEMA sobre “El futuro de la movilidad urbana”. Estaba anunciada para la 1830 en la sede de Ingeniería, en Reconquista al 700.Sin embargo, la resistencia de los taxistas que habían anunciado un escrache que luego se materializó en una protesta en el Obelisco, hizo que la conferencia se suspendiera. 0 Uno de los principales retractores de la aplicación es José Ibarra, titular del sindicato de conductores de taxis. “A Uber lo vamos a perseguir siempre. La Justicia de la Ciudad nos dio la razón: son evasores de impuestos y sus directivos fueron procesados. Ellos negrean a los trabajadores, ponen en peligro a los usuarios y giran la plata al exterior. Ni CUIT tienen”, expresó. Y con respecto a la frustrada conferencia, agregó: “No podemos permitir que esta empresa fantasma quiera dar una charla para decir que son el futuro de la movilidad urbana. Es como decir que vender medicamentos truchos sin receta es el futuro de la medicina. Los taxistas nunca vamos a aflojar esta lucha”.
En tanto, distintas asociaciones de taxistas quemaron neumáticos en el Obelisco protestar contra el servicio “ilegal” que a su juicio presta Uber. La protesta fue una de las 20 que hubo ayer en la Ciudad y que hicieron colapsar el tránsito.
Quien estaba anunciado por Uber para brindar la conferencia era Mariano Otero, presentado como General Manager de la empresa en el país. Otero fue justamente uno de los siete directivos que la la Fiscalía General de la Ciudad denunciará por evasión fiscal, tras los allanamientos realizados el lunes. “Los directivos serán acusados por el delito de evasión impositiva, con una pena de dos a seis años de prisión”, señaló Martín Lapadú, fiscal de Cámara. Los empresarios señalados son, además de Otero, Enrique Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Cao, Diego Olivera, Soledad Lago Rodríguez y Miguel Rattagan.
Además, la Fiscalía confirmó que le enviará la lista con los datos de los choferes al Gobierno porteño para que pueda detectarlos en los controles de tránsito. En setiembre la Justicia ya había allanado los domicilios de ocho conductores, quienes podrían ser castigados con hasta diez días de cárcel por haber ejercido una actividad lucrativa en el espacio público sin habilitación.